El pasado sábado 17 de mayo, por iniciativa de la sociedad civil y con la gestión de la familia Molina, se realizó en el municipio de Muzo un encuentro clave para el futuro del Occidente de Boyacá, centrado en dos temas fundamentales para la región: la seguridad ciudadana y la sostenibilidad de la minería de esmeraldas. La jornada tenía el propósito de escuchar directamente a las comunidades, líderes sociales, autoridades locales y representantes del sector productivo y de la minería tradicional, y construir puentes de acción frente a los retos más urgentes del territorio.
“La minería legal debe ser el eje de desarrollo del Occidente de Boyacá, pero no puede avanzar si no garantizamos la seguridad de nuestras comunidades y de quienes apuestan por la legalidad”, señaló Edwin Molina, Presidente de APRECOL, durante su intervención.
El espacio reunió a alcaldes de los municipios de la provincia y de distintos sectores, incluyendo la fuerza pública, autoridades civiles, comerciantes, empresarios del sector esmeraldífero, concejales y líderes comunitarios. Todos coincidieron en que los problemas de seguridad, el debilitamiento institucional y la falta de articulación regional están afectando la estabilidad del territorio y frenando su desarrollo económico.
Sobresale además la presencia de muchos líderes regionales, como Darío Mahecha, Carlos Molina, Rocío Ropero, Personera de Muzo; Ruby Murillo; Guillermo Porras; representantes de los mineros tradicionales y de Juntas de Acción Comunal, entre muchas otras personalidades destacadas.
Un llamado urgente por la seguridad
El deterioro de la seguridad en varios municipios fue uno de los temas más reiterados por los participantes. Se alertó sobre la presencia de delincuencia proveniente de otras zonas del país y la necesidad urgente de mayor presencia estatal para evitar el avance de estructuras ilegales.
Ximena Castañeda, alcaldesa de Muzo, advirtió que la paz solo se sostiene si hay condiciones reales de seguridad. “Estos espacios nos permiten escucharnos y asumir responsabilidades compartidas. No podemos pedir inversión, ni turismo, ni desarrollo, si no somos capaces de garantizar entornos seguros”, afirmó.
Estuvieron presentes otros alcaldes de los municipios mineros del Occidente de Boyacá, como Carlos Alberto Castellanos, de San Pablo de Borbur; Anatolio José Benito, de La Victoria; Miller Romero, de Maripí; Alejandro Gutiérrez, de Quípama; Julio Peña, de Pauna, y Aldemar Suárez, delegado de Jefferson Caro, Alcalde de Chiquinquirá.
Todos coincidieron en trabajar mancomunadamente y de forma articulada por la seguridad y progreso de la región. Se hizo un llamado a que el sector minero legal respalde activamente a las administraciones locales, reconociendo que la minería bien hecha no solo genera empleo e inversión, sino también gobernabilidad y legitimidad institucional.
También participaron el Mayor Javier Romero, de la Policía Departamental, y el Coronel Moisés David Ortells Cavanzo, Comandante del Batallón de Infantería N.2 Mariscal Antonio José de Sucre, quienes manifestaron su compromiso por trabajar incansablemente por esclarecer hechos de delincuencia presentados recientemente y por consolidar la paz en la región, en ayuda con otras organizaciones y la colaboración de la comunidad.
La minería legal: motor de desarrollo y gobernabilidad
La sostenibilidad de la minería de esmeraldas —y particularmente su formalización— fue otro de los temas centrales del encuentro. Edwin Molina insistió en que el modelo actual ha generado tensiones que amenazan la continuidad de títulos mineros, desalientan la inversión y generan desconfianza entre los actores. Propuso avanzar hacia un modelo asociativo, que permita integrar esfuerzos, aumentar la transparencia y consolidar una industria de talla que genere mayor valor agregado y empleo calificado en la región.
“La formalización no puede imponerse de manera unilateral. Tiene que construirse con liderazgo, con corresponsabilidad, y con un enfoque claro en el desarrollo territorial”, indicó Molina, quien además fue solicitado por varios alcaldes y miembros de la comunidad a actuar como interlocutor ante el Gobierno Nacional para canalizar propuestas desde el territorio.
Óscar Baquero, Presidente de Fedesmeraldas, recordó que los avances en inversión social y legalidad solo han sido posibles gracias al trabajo articulado entre empresas, gobiernos y comunidad. Reiteró el compromiso del gremio con la paz, la capacitación y el fortalecimiento de la institucionalidad. “El llamado es a trabajar unidos. El desarrollo de esta región depende de nuestra capacidad de construir soluciones conjuntas y sostenibles”, expresó Baquero, quien subrayó que los recursos del FNE — que son independientes de las regalías del Gobierno Nacional— han sido determinantes para materializar inversiones de alto impacto en salud, educación e infraestructura social.
Inversión histórica y logros concretos
Óscar Baquero detalló las inversiones e iniciativas que se han llevado a cabo en la región en los últimos 15 años, a través del FNE, con el respaldo del Ministerio de Minas, a través de la Dirección de Minería Empresarial y la Agencia Nacional de Minería (ANM). En ese sentido, se han canalizado recursos significativos que ya están transformando la realidad de los municipios productores. Baquero destacó la entrega de $200 millones para el mejoramiento del Puesto de Salud de Quípama y el compromiso vigente de construir el nuevo puesto de salud de La Floresta, con una inversión proyectada de $1.500 millones.
También se resaltaron inversiones clave en el ámbito educativo, como los $2.000 millones destinados al Colegio Nuestra Señora de la Paz y los $600 millones para el Colegio Concha Medina de Muzo. En este mismo municipio, avanza la cofinanciación del hospital local con un presupuesto superior a los $3.800 millones, cuya obra ya alcanza un 60 % de ejecución.
San Pablo de Borbur también figura entre los municipios beneficiados, con inversiones que rondan los $5.000 millones en obras educativas y de salud, muchas de ellas realizadas en sinergia con la administración municipal. A esto se suma un robusto programa de formación con el SENA, respaldado por $2.400 millones, que incluyó la entrega de maquinaria para talleres de bisutería y joyería, impactando positivamente a nueve municipios. Justamente, el pasado fin de semana, se graduaron los primeros 26 estudiantes del municipio de San Pablo de Borbur, formados en cursos cortos de bisutería, talla y joyería, promociones a las que próximamente se sumarán estudiantes de las poblaciones de Muzo y Quípama.
Propuestas desde la comunidad
Durante el encuentro, varios líderes sociales y comunitarios expresaron su respaldo a la minería responsable y su deseo de seguir construyendo una región en paz. Se propuso la creación de una red de cooperantes que articule a empresas, autoridades y sociedad civil para enfrentar juntos los problemas de seguridad. También se destacó la importancia de preservar el comercio local de esmeraldas, asegurando que el valor económico generado por esta piedra preciosa beneficie directamente a los municipios productores.
“El desarrollo no puede depender de esfuerzos individuales ni de decisiones fragmentadas. Necesitamos actuar como región, con visión común y con estrategias compartidas”, fue una de las reflexiones que marcó la jornada.
Adicionalmente, se resaltó el potencial del turismo como complemento a la economía minera, aunque se advirtió que su viabilidad está directamente relacionada con la seguridad y la mejora de la infraestructura vial.
Un cierre con hoja de ruta
En la clausura del evento, Edwin Molina hizo un llamado contundente a la unidad y a la acción. “La seguridad no se construye solo con fuerza pública. Se construye con confianza, con legalidad y con presencia institucional en todos los frentes”, expresó. Anunció además que se está trabajando en la estructuración de un plan de acción en materia de seguridad, que incluirá la creación de frentes de seguridad, redes de apoyo ciudadano y una mayor participación comunitaria en la protección del territorio.
Finalmente, reafirmó el compromiso del gremio con el desarrollo sostenible del Occidente de Boyacá. “Estamos dispuestos a seguir siendo un puente entre todos los sectores. El desarrollo de esta región es posible, pero solo si lo hacemos juntos”, concluyó.